Justificación

Existen diversos instrumentos internacionales que instan a los Estados, a sus agentes, y a la sociedad en general, a desarrollar acciones que garanticen la efectividad de los derechos humanos, así como la obligación de formular políticas encaminadas a la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer y a la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. De igual manera, la consagración de la igualdad de género como un objetivo de desarrollo sostenible ha conllevado a la necesidad de incluir dicho enfoque en la agenda política como un asunto público relevante. Sin embargo, para que la cultura de la igualdad y la pluralidad se mantenga como parte fundamental de las políticas públicas y las acciones se traduzcan en verdaderas garantías de efectividad, se requiere asegurar la estabilidad en los logros alcanzados, la coherencia de la acción pública y la participación deliberante de la ciudadanía. 

En ese sentido, este Congreso genera un espacio de reflexión donde confluyen las experiencias de las personas que imparten justicia, de reconocidos académicos y, principalmente, de la sociedad civil para abordar de una manera amplia aquellos aspectos técnicos, normativos y prácticos que son requeridos para entender cómo las desigualdades y discriminaciones afectan de forma diferencial a las mujeres y a las personas con orientación sexual e identidad de género diversas.